¿Qué son los Consejos Consultivos para el
Desarrollo Sustentable?

 

Antecedentes

El tema del medio ambiente surge al debate internacional en 1972, durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo, Suecia. En esa ocasión se intercambiaron experiencias sobre el deterioro ambiental y se tomó conciencia global sobre el medio ambiente y los recursos naturales y sobre la necesidad de construir vías institucionales para resolver estos problemas.

En los años que siguieron a dicha Conferencia, las acciones para integrar los problemas del medio ambiente en las agendas de los go­biernos, en los planes de desarrollo y en los procesos de toma de deci­siones en cada país no avanzaron significativamente. El tema fue elu­dido, principalmente en el ámbito político, y los problemas como el ca­lentamiento de la Tierra, la degradación de los bosques y el adelgaza­miento de la capa de ozono, se fueron agravando en forma acelerada.

En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que se creara la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, como órgano independiente con una duración de tres años, para examinar las cuestiones críticas del medio ambiente y el desarrollo y formular propuestas innovadoras y concretas para encararlas; proponer estra­tegias medioambientales a largo plazo; traducir la preocupación por el medio ambiente en una mayor cooperación entre los países y estable­cer objetivos comunes complementarios; examinar los medios con los cuales la comunidad internacional pudiera tratar los problemas ambien­tales con mayor eficacia; crear una conciencia colectiva sobre los pro­blemas ambientales y llevar a cabo los esfuerzos necesarios para re­solverlos; y elaborar un programa de acción para los siguientes años.

Dicha Comisión fue creada en diciembre de 1983 y su primera re­unión oficial tuvo lugar en Ginebra, en octubre de 1984. Estuvo presidi­da por la señora Gro Harlem Brundtland, entonces titular del Ministerio de Medio Ambiente de Noruega. Debido a que actuó como órgano in­dependiente, pudo tratar todos los problemas, solicitar todo tipo de opiniones, formular y representar las propuestas y recomendaciones que estimaba apropiadas y procedentes. Entre los miembros de la Comisión, que actuaban a título personal, y no como representantes de sus gobiernos, se contaba con personalidades políticas eminentes y dirigentes en el sector del medio ambiente y el desarrollo.

Los resultados de las deliberaciones de esta Comisión se plasma­ron en el llamado Informe Brundtland, y fue ahí donde por primera vez se habló del "desarrollo sustentable", definiéndolo como "aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin compro­meter la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las pro­pias". Ello implicaba que la protección del medio ambiente y el creci­miento económico debían abordarse como componentes de un mismo asunto. Asimismo, se demostró a la comunidad internacional, que la relación entre medio ambiente y desarrollo debía considerarse como una prioridad de preocupación mundial.

Retomando las preocupaciones reflejadas en el Informe Brundtland, la Asamblea General de la ONU decidió convocar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), también conocida como Cumbre de la Tierra. Esta se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 y tuvo entre sus principales objetivos analizar las formas y mecanismos para lograr un equilibrio justo entre las nece­sidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones pre­sentes y futuras, e iniciar una asociación mundial entre los gobiernos y los distintos sectores de la sociedad civil, basada en la comprensión de las necesidades y los intereses comunes.

Entre los principales compromisos asumidos por la comunidad in­ternacional en esa ocasión se encuentra la instrumentación de la lla­mada Agenda 21, que establece una serie de lineamientos y acciones para que las naciones transiten hacia un desarrollo que armonice el bienestar humano con el cuidado, la protección y la preservación del medio ambiente, es decir, sustentable.

Dicha Agenda establece como una de las bases fundamentales para el logro de este nuevo modelo de desarrollo, el fortalecimiento del papel de los grupos principales, entre los que destacan las mujeres, los niños y jóvenes, los pueblos indios, los organismos no gubernamenta­les, las autoridades locales, los trabajadores y sindicatos, el comercio, la industria, la academia, la comunidad científica y tecnológica, los cam­pesinos y agricultores, y la creación y consolidación de espacios que permitan una participación social cada vez más amplia, responsable, informada y representativa de los intereses de los ciudadanos.

En respuesta a este compromiso, México ha impulsado en los últi­mos años la creación y consolidación de mecanismos efectivos de par­ticipación social a distintos niveles, buscando que la población se involucre activamente en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y difusión de las políticas públicas en materia ambiental. La Ley Gene ­ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, desde su expe­dición en 1988, promueve la participación de la sociedad en la gestión ambiental, mediante disposiciones distribuidas a todo lo largo, y, en particular, en el Título V, artículos 157 a 159. Asimismo, las modifica­ciones de 1996 y 2001 han confirmado y ampliado esta tendencia, re­forzando esas disposiciones con la regulación del derecho a la infor­mación.

Sobre esta base, se crearon en abril de 1995 los Consejos Consul­tivos para el Desarrollo Sustentable, como órganos de consulta del sector ambiental, y con el objeto de facilitar la participación corresponsable de todos los sectores sociales y fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, así como de los bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovecha­miento y desarrollo sustentable.

El esfuerzo realizado en esta materia por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido reconocido a esca­ la mundial. Basta señalar que en la evaluación realizada por las Nacio­nes Unidas en 2002 en Johannesburgo, durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, nuestro país destacó por su avance en la institucionalización de estos órganos de participación social.

Actualmente, y como resultado de las modificaciones realizadas al acuerdo de creación en octubre de 2000 y noviembre de 2002, se cuenta con el Consejo Consultivo Nacional y cinco Consejos Consultivos para las Regiones Noroeste, Noreste, Centro, Centro-Occidente y Sur-Su­reste. Cada uno de ellos está constituido por representantes de organi­zaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de educación superior, organizaciones empresariales e industriales, congresos locales y los gobiernos de las entidades federativas que los componen, quienes participan asesorando a la Secretaría en la formu­lación, aplicación y vigilancia de las estrategias, políticas, programas y proyectos medioambientales y emitiendo opiniones y recomendacio­nes para mejorar la gestión ambiental en los tres órdenes de gobierno.

Para dejar constancia de lo logrado durante el periodo 2002-2004 y transmitir lo que, a su juicio, falta por hacer, los miembros del Conse­jo Consultivo Nacional y los miembros de Iqs Consejos Consultivos Regionales han elaborado la segunda generación de Libros Blancos que se ofrecen al lector. En ellos se hace una revisión del trabajo rea­lizado durante el periodo arriba mencionado y se compilan los resulta­dos del análisis, la reflexión y las experiencias vividas, esperando que sirvan de guía a los nuevos integrantes de los Consejos, para incidir en el diseño y mejor aplicación de las políticas públicas de medio ambiente.

Para concluir, es necesario señalar que la reunión de representan­tes de los diversos sectores de la sociedad y su involucramiento en la toma de decisiones de la política ambiental es un logro cuyas dimen­siones todavía no han sido suficientemente valoradas. Sin embargo, para seguir avanzando y reforzando la institucionalización de estos ór­ganos de participación social será necesario aprovechar el trabajo rea­lizado por las tres generaciones de Consejeros, y consolidar a los Con­sejos Consultivos, fortaleciendo su representatividad y su vinculación con la sociedad en su conjunto.

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